El pasado 15 de marzo, en Argentina fue promulgada la ley 27.739, en la que se modificaron varios artículos de la ley de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y dentro de esas modificaciones se ha incluido a los abogados cómo sujetos obligados a reportar ante la Unidad Información Financiera (UIF).
Estas modificaciones se dieron en marco de las modificaciones que el estado argentino está llevando adelante para poder tener su normativa acorde a los requerimientos del Grupo de Acción Finanaciera (GAFI) y así cumplir los estándares internacionales en la lucha contra el terrorismo.
En este sentido, la Unidad de Información Financiera el pasado 25 de marzo emitió una resolución que establece parámetros para que los abogados figuren como nuevos sujetos obligados y deban cumplir con la nueva reglamentación.
Esta reforma implica que los abogados deben reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero en situaciones específicas, como la compra o venta de bienes inmuebles, administración de activos, cuentas bancarias y más. La Resolución 48/2024 de la UIF detalla estas obligaciones y subraya la importancia de la detección temprana y la prevención de actividades financieras ilícitas.
La Resolución 48/2024 de la UIF tiene como objetivo elementary establecer requisitos mínimos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos asociados con el lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (FT/LA/FP).
Para lograr este propósito, introduce un Sistema de Prevención con un enfoque basado en el riesgo, el cual debe ser implementado por los sujetos obligados, incluyendo abogados que realizan actividades específicas en nombre de sus clientes.
Identificación de riesgos
El enfoque basado en el riesgo se centra en la identificación proactiva de posibles amenazas y vulnerabilidades dentro de las actividades profesionales de los abogados. Esto implica evaluar factores como el tipo de clientes, naturaleza de las transacciones y contexto authorized para determinar el nivel de riesgo asociado con cada actividad.
Una vez identificados, los riesgos deben ser evaluados continuamente y monitoreados de manera efectiva. Esto implica implementar controles adecuados para mitigar los riesgos identificados y asegurar que las políticas y procedimientos estén actualizados y sean efectivos en la prevención de actividades delictivas.
Administración y mitigación de riesgos
La resolución exige una administración proactiva de riesgos, donde los sujetos obligados, como abogados, deben adoptar medidas proporcionales para mitigar los riesgos identificados. Esto puede incluir controles de debida diligencia mejorados, procedimientos de reporte de operaciones inusuales y colaboración con autoridades regulatorias para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El desafío para los abogados radica en equilibrar estas nuevas obligaciones con el respeto al secreto profesional. Deben evaluar cuidadosamente las transacciones de sus clientes y reportar aquellas que puedan ser indicativas de actividades delictivas, incluso cuando surgen complejidades para determinar la procedencia de los fondos.
Además, los abogados ahora deben implementar políticas y controles para conocer a fondo a sus clientes, clasificándolos según el nivel de riesgo y actualizando sus registros de manera periódica. Este enfoque regulatorio plantea desafíos significativos, especialmente en un entorno económico con altos niveles de informalidad.
Si bien la resolución busca fortalecer la integridad del sistema financiero y lawful, plantea desafíos significativos para los abogados, especialmente en términos de conciliar los deberes éticos y profesionales con las obligaciones regulatorias. La implementación efectiva de controles preventivos y el cumplimiento de las normativas requerirán recursos adicionales y capacitación especializada.
Es necesario retrotraer los esfuerzos de la UIF a que los abogados sean sujetos obligados a informar sobre operaciones sospechosas. Desde el 2019 la Unidad de Información Financiera de Argentina ha tratado a través de diferentes métodos administrativos, que los abogados informen debidamente las operaciones que pueden estar incursas en lavados de activos, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva.
En aquel momento, uno de los argumentos que usaban los abogados para evitar enviar los informes a la UIF, era justamente la inexistencia de una normativa legal que los incluyera como sujetos obligados ante la unidad financiera.
De ahora en más, una de las cuestiones que tendrán que analizar los abogados de la Argentina, versará en la verificación y selección del cliente, ya que deberá ocuparse de cerciorarse que ni el cliente ni los beneficiarios indirectos del cliente pueda sacar provecho de alguna de las actividades objeto de la resolución.
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