A partir del 1 de agosto, el mercado de criptomonedas en Perú enfrenta una nueva etapa de regulación.
La SBS oficializó, el primer marco normativo de su índole para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector.
Perú arranca nueva regulación a empresas de criptomonedas: ¿Progreso o crisis para el Mercado?
La resolución marca un hito significativo en la supervisión de plataformas de exchange, transferencias y remesas. Y su alcance se extiende incluso con otros servicios relacionados con criptomonedas.
Esta nueva normativa impone requisitos estrictos a todas las empresas que operan con criptomonedas. Entre estos se incluyen, aquellas que gestionan monederos digitales y facilitan la inversión en activos digitales.
La SBS será responsable de supervisar a estas entidades. En este contexto, la institución asegurará que implementen un “enfoque basado en riesgos para la prevención de actividades ilícitas”.
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Una parte crucial de esta regulación es la verificación de la identidad de los beneficiarios. Factor que busca impedir el ingreso de fondos derivados de la corrupción y otros delitos al sistema financiero.
Uno de los aspectos destacados de la resolución es el tratamiento de las transacciones menores a 1,000 dólares. La normativa no especifica medidas diferenciadas para estas transacciones. Sin embargo, no se descarta una mayor vigilancia en el futuro.
Las empresas que no cumplan con estas nuevas disposiciones enfrentarán sanciones severas. Entre las posibles sanciones se encuentran multas significativas, la revocación de licencias de operación, la eliminación de sus sitios web y la prohibición de descargar sus aplicaciones.
Empresas de criptomonedas en Perú: ¿Quienes están incluidos?
De acuerdo con el artículo 2 de la resolución, todas las personas naturales o jurídicas domiciliadas o constituidas en Perú que realicen “actividades relacionadas con criptoactivos” están sujetas a estas nuevas regulaciones.
Esta medida responde a la Recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El mismo exige a los países contar con marcos legales robustos para la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). Esto en el contexto de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Con respecto a las políticas del GAFI en Latinoamérica; el antecedente reciente y más conocido es el de Argentina, donde el mismísimo economista que aprobó la libre circulación de Bitcoin, Javier Milei, tuvo que ceder.
Los proveedores de servicios de activos virtuales tienen un plazo de hasta 120 días desde la publicación de la resolución en el Diario Oficial para adaptarse a las nuevas normativas.
Esta transición permitirá a las empresas adecuar sus procesos y sistemas para cumplir con los requisitos de la SBS. A la vez que, -según aseguran las autoridades- garantizar una operación transparente y segura en el mercado de criptomonedas en Perú.
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