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Más de un año después de que Bitcoin se convirtiera en moneda de curso legal en El Salvador, una nueva encuesta mostró el martes que la mayoría de la gente en el país considera la controvertida medida del presidente Nayib Bukele como un «fracaso».
Según la encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), el 75,6 por ciento de los encuestados dijo que nunca usó criptomonedas en 2022, y el 77 por ciento considera que su adopción hace 14 meses como moneda de curso legal, junto con el dólar, «ha sido un fracaso». «
Bitcoin, cuyo valor se ha desplomado durante el último año, «es la medida más impopular del gobierno, la más criticada y la más mal vista», dijo el rector de la UCA, Andreu Oliva, al comentar los resultados del estudio.
La idea de Bukele era promover las transferencias de criptodinero de unos tres millones de salvadoreños que viven en el exterior, principalmente en Estados Unidos, a sus familiares en casa, ahorrando así gastos bancarios.
La decisión del presidente fue estratégica, dado que estas remesas representan más de la cuarta parte del producto interno bruto de El Salvador.
Pero según datos del Banco Central de El Salvador a principios de septiembre, un año después de la introducción de Bitcoin, «menos del dos por ciento» de las remesas de los emigrantes se realizaron utilizando la criptomoneda.
En septiembre de 2021, Bitcoin rondaba los $ 45,000. En noviembre se disparó a $68 000, pero después de una fuerte caída, actualmente cotiza por debajo de $20 000.
Aprovechando el desplome de los precios, Bukele compró 80 Bitcoin con fondos públicos en julio, elevando las reservas totales de El Salvador a 2.381 unidades.
Según el estudio de la UCA, el 77 por ciento de los salvadoreños cree que su presidente “no debería seguir gastando dinero público para comprar Bitcoin”.
La encuesta también analizó un régimen de emergencia vigente desde marzo como parte de la «guerra» contra las pandillas decretada por Bukele, que condujo a la detención de 55.000 presuntos miembros de bandas criminales, las temidas «maras».
La población todavía lo aprueba de manera abrumadora, con un 75,9 por ciento, pero esa cifra bajó nueve puntos desde mayo, cuando era del 84,8 por ciento.