En un contexto donde el crimen organizado busca formas más sofisticadas de ocultar su riqueza, la Fiscalía Regional de Antofagasta ha emitido una advertencia que pone de relieve un fenómeno preocupante: el creciente uso de criptomonedas por parte de bandas criminales.
Según el fiscal regional, Juan Castro Bekios, este método se está consolidando como una estrategia clave para evadir los controles del sistema financiero tradicional.
Creciente uso de criptomonedas por bandas criminales alerta a la Fiscalía de Antofagasta
Durante los allanamientos a estas organizaciones, las autoridades han observado una disminución en el hallazgo de grandes cantidades de dinero en efectivo. Este cambio obliga a los investigadores a redirigir sus esfuerzos hacia el rastreo de transacciones digitales, un ámbito donde las criptomonedas plantean desafíos únicos.
Su estructura, que permite el uso de seudónimos, mezcladores y monederos anónimos. Lo que crea un velo de privacidad que los delincuentes aprovechan para ocultar ganancias ilícitas provenientes de actividades como el narcotráfico, el fraude y la extorsión.
Castro Bekios destacó que las organizaciones criminales venezolanas están a la vanguardia en el uso de estos activos digitales para sus operaciones. Ante esta amenaza, la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja ha conformado un equipo especial dedicado exclusivamente a la investigación de criptoactivos.
Este equipo tiene la tarea de desentrañar redes complejas y rastrear el flujo de activos digitales. Una labor que no solo combate el crimen organizado, sino que también refuerza la legitimidad del sistema financiero y demuestra que no hay refugio seguro para la riqueza ilegal, ni siquiera en el ámbito digital.
El fiscal enfatizó la importancia de abordar el fenómeno con una visión estratégica y colaborativa, tanto a nivel nacional como internacional.
Según sus declaraciones, el análisis patrimonial de las criptomonedas es ahora un pilar fundamental en la lucha contra el crimen organizado. De allí que su desarrollo representa un desafío crucial para las autoridades que buscan proteger la integridad económica del país y enviar un mensaje claro: el anonimato digital no es un escudo para la impunidad.
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