El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, compartió recientemente su perspectiva sobre la batalla legal en curso con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), prediciendo un proceso de apelación prolongado. Sus thoughts se compartieron durante una discusión con Bloomberg el 15 de julio de 2023.
El 13 de julio, un fallo judicial apoyó parcialmente a Ripple Labs en una demanda presentada por la SEC en 2020. La decisión del tribunal estableció que el token XRP de Ripple no constituye un valor en relación con las ventas minoristas en los intercambios de activos digitales. Sin embargo, el fallo también aclaró que XRP cumple con la definición de valor cuando se vende a inversores institucionales, según la prueba de Howey.
A pesar del fallo sobre las ventas institucionales, Garlinghouse expresó que este aspecto de la demanda period de menor importancia. Sugirió que cualquier intento de la SEC de apelar el fallo de ventas minoristas solo reforzaría la decisión inicial del tribunal.
Garlinghouse también criticó las tácticas de la SEC, comparándolas con un matón dirigido a entidades menos poderosas en la industria de las criptomonedas que carecían de los recursos para una defensa sólida. Señaló que la demanda de Ripple marcó un revés por primera vez para la SEC en un caso relacionado con criptomonedas.
El CEO de Ripple observó que la demanda de la SEC generó inicialmente un clima de incertidumbre entre los intercambios de criptomonedas de EE. UU., promoviendo una actitud cautelosa de esperar y ver debido a la confusión del mercado. Sugirió que la SEC fomentó intencionalmente esta confusión para consolidar su poder, lo que a su vez sofocó la innovación estadounidense.
Garlinghouse argumentó que el enfoque de la SEC en el poder y la política ha eclipsado la necesidad de políticas sólidas y pautas regulatorias claras. Él cree que este enfoque ha disuadido a los empresarios e inversores estadounidenses de participar plenamente en el mercado de criptomonedas y las tecnologías de cadena de bloques.
Las implicaciones más amplias del caso Ripple subrayan la necesidad de claridad regulatoria en la criptoindustria.