El Salvador ha sido pionero en el uso de blockchain y la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. No obstante, esta innovación no está exenta de riesgos, y el gobierno ha reconocido la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en el entorno digital.
En este contexto, la reciente reforma propuesta a la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos podría tener como efecto derivado, el ser un avance crucial para la protección de los usuarios de tecnologías emergentes como blockchain.
¿Qué impacto tendría esta reforma en el ecosistema blockchain de El Salvador?
La reforma, impulsada por los diputados de Nuevas Ideas, amplía el alcance del delito de fraude informático. Además busca establecer penas severas de hasta 12 años de cárcel para aquellos que, con acceso legítimo a bases de datos, usen esta ventaja para realizar manipulaciones o consultas ilegítimas.
Aunque la ley está diseñada para proteger la integridad de la información en general, su impacto en el ecosistema de criptomonedas es particularmente relevante.
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Como consecuencia resultante, dicho cambio en la legislación podría fortalecer las prácticas de autocustodia entre los usuarios de criptomonedas en El Salvador.
Al penalizar el mal uso de los datos, se fomentaría un ambiente más seguro para aquellos que optan por gestionar sus activos digitales de manera independiente. Minimizando así el riesgo de que terceros puedan acceder a su información sin autorización.
¿Qué pasaría con los proveedores de servicios de criptomonedas en El Salvador con esta reforma?
La reforma también introduce un marco de mayor regulación para los proveedores de servicios de criptomonedas, como las plataformas de exchanges y los monederos digitales.
Estos actores, que manejan grandes volúmenes de datos sensibles, quedarían bajo un escrutinio más estricto. Esto podría traducirse, al menos en teoría, en un entorno relativamente más seguro y confiable para los usuarios.
En un entorno empresarial y mucho más general; también se reducirían las posibilidades de que cualquier tipo proveedores se involucren en actividades fraudulentas o que se conviertan en objetivos fáciles para los hackers.
Por ejemplo, empresas proveedoras de servicios básicos que hagan llamadas para scams -cripto o no-. O bien la venta de la información personal por parte de los empleados de estas entidades.
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Por otra parte, y según el medio local El Mundo, la reforma incluiría explícitamente delitos a los “servicios basados en tecnologías blockchain“. Factor que refuerza una vez más la idea sobre la necesidad de transparencia en el sector.
Finalmente, la reforma se extiende no solo al uso personal, sino también a la falsedad informática per se, es decir y en palabras llanas; ocultar y/o disfrazar información.
En este contexto, se incluyen las actividades ilegítimas como la eliminación o no documentación de interacciones pueden facilitar fraudes cripto. Tales como la alteración de transacciones o balances en monederos digitales. De allí que se podrían resolver varios vacíos legales que existían antes con estas tecnologías.
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