La Cámara de Senadores de la Nación en Argentina votó de manera unánime a favor de la modificación de la Ley de Lavado de Activos, para introducir a los exchanges y proveedores de billeteras en un “Registro de Proveedores de Servicio de Activos Virtuales” (PSAV), que estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores (CNV), según El Cronista.

Con esta aprobación de ley, el Gobierno de Argentina cumplió con las exigencias mínimas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF por sus siglas en inglés), que había establecido la fecha tope del 26 de marzo para fijar los parámetros de handle con las empresas que operan con criptomonedas en el “país de la plata”.

La aprobación de esta medida no se trata de algo sorpresivo, debido a que, inicialmente, ya había sido presentada por el Poder Ejecutivo desde el 2022. En abril de 2023 esta regulación obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Finalmente este 14 de marzo el proceso legislativo llegó a su fin con la media sanción que faltaba.

Aspectos clave de la reforma

La Comisión Nacional de Valores (CNV) queda como el órgano competente del correcto funcionamiento de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), lo que obliga a la CNV a convertirse en instrumento imprescindible frente a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Bajo esta nueva legislación aprobrada por el Gobierno argentino, los PSAV deberán tener una estructura organizacional establecida adecuadamente, tener un approach de negocios sólido, implementar medidas de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo además deberán proteger los datos de los usuarios.

Opiniones sobre la aprobación de la ley

Según la publicación de El Cronista, se pudo conocer que gran parte de las empresas del sector y la Cámara Argentina Fintech ven la normativa de manera positiva. Esta regulación garantiza mayor transparencia para el ecosistema cripto en el país, y además implica cumplir con las exigencias de entidades internacionales.

En la página world wide web del Gobierno de Argentina publicaron:

“La existencia de un marco regulatorio confiable genera mayor seguridad jurídica y confianza a los ciudadanos e inversores, y otorga mayores herramientas para prevenir la utilización de estos instrumentos con fines ilícitos. Brinda mayor previsibilidad respecto a los riesgos del sector y a la gestión de los recursos públicos para su mitigación”.

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