El reciente aumento en el valor de Bitcoin y la posible adopción por parte de la administración entrante de Trump de monedas alternativas que lo causaron, han reavivado las discusiones sobre el futuro de las criptomonedas. Con esas discusiones surge la pregunta implícita de qué se debe hacer con respecto al impacto de las criptomonedas en el planeta.

A medida que Bitcoin alcanza nuevas alturas, también lo hace el consumo de energía asociado con su extracción. La electricidad necesaria para una sola transacción de Bitcoin puede igualar la energía que consume una persona en Alemania en tres meses. Si bien los entusiastas de las criptomonedas pueden celebrar el auge del mercado, los costos ocultos de su crecimiento deben ser asumidos por alguien y, tal como están las cosas, están externalizados a la sociedad en general.

El concepto de un impuesto a las criptomonedas está ganando terreno a nivel mundial y puede ofrecer una solución prometedora. Al gravar la electricidad consumida por la minería, se crean incentivos para prácticas más sostenibles y al mismo tiempo se recaudan fondos para combatir los efectos correspondientes sobre el cambio climático.

En la COP29, nuevos países se unieron a la Coalición por Impuestos de Solidaridad que, entre otras iniciativas sobre el déficit financiero climático y de desarrollo, propone impuestos sobre la minería de criptomonedas. La coalición total ha crecido a diecisiete miembros, con la incorporación este año de la República de Togo, la República Federal de Somalia, la República de Zambia, Fiji y Djibouti.

Costos climáticos y energéticos de la criptominería

Las criptomonedas, a menudo aclamadas como el futuro de las finanzas, suelen tener un precio elevado: un consumo masivo de energía y agua. El proceso de extracción de Bitcoin implica resolver complejos acertijos matemáticos para validar transacciones, lo que exige una potencia computacional significativa. Este poder se traduce en niveles realmente asombrosos de uso de electricidad, que a menudo rivalizan con los de países enteros.

Por lo tanto, en cada Bitcoin hay una cierta cantidad de valor que ha sido externalizado (efectivamente robado) de la sociedad en general. El costo ambiental de las operaciones mineras se debe principalmente a su dependencia de la generación de electricidad basada en combustibles fósiles, lo que exacerba la contaminación del aire y acelera el calentamiento global.

Con el creciente valor de Bitcoin, aumentarán los incentivos para minar y la huella energética de las criptomonedas crecerá exponencialmente.

El pago de los mineros por la electricidad utilizada en su minería sería suficiente para internalizar el costo de la generación de energía si el costo de un kilovatio de electricidad representara completamente el costo para la sociedad en su generación; no es así. Las consecuencias del mayor uso de combustibles fósiles se extienden hacia afuera, provocando desastres naturales más frecuentes y graves, como tormentas, sequías e incendios forestales.

Mientras el mundo se enfrenta a las realidades del cambio climático, está claro que la criptominería desenfrenada es incompatible con un futuro sostenible.

Préstamo de política fiscal criptográfica desde el extranjero

Algunos estados ya han comenzado a tomar medidas para abordar el creciente problema de las externalidades de la minería de criptomonedas. Al frente de estos esfuerzos se encuentra el ya mencionado Grupo de Trabajo sobre Impuestos de Solidaridad Global, una coalición liderada por Kenia, Barbados y Francia.

Durante una reciente conferencia sobre el clima de las Naciones Unidas, los miembros del grupo de trabajo propusieron un impuesto climático a la criptominería fijado en 0,045 dólares por kilovatio-hora (kWh) de electricidad consumida. Este impuesto podría generar hasta 5.200 millones de dólares al año. Se necesitan aproximadamente 155.000 kWh para extraer un Bitcoin, lo que significaría un impuesto efectivo de 6.975 dólares por Bitcoin individual, un poco más de un impuesto del 7% al precio de negociación en el momento de la publicación.

El impuesto haría más que simplemente aumentar los ingresos: al aumentar el costo de las operaciones para los mineros, podría ayudar a impulsar a la industria a adoptar prácticas más eficientes desde el punto de vista energético y fuentes de energía renovables.

La administración Biden había establecido previamente un impuesto del 30% sobre la electricidad utilizada por los mineros criptográficos, pero el cambiante panorama político complica sus perspectivas. Es probable que el presidente electo Donald Trump, respaldado por muchos donantes partidarios de las criptomonedas, se oponga a cualquier medida de este tipo, lo que hace que los ejemplos internacionales sean aún más críticos para demostrar su viabilidad para una futura administración.

Liderazgo estadounidense

Un impuesto a las criptomonedas con sede en EE. UU. podría abordar varios problemas urgentes: en primer lugar, ayudaría a reducir las emisiones al hacer que a los mineros les resulte más costoso depender de fuentes de energía sucias. Esto probablemente sería una gran ayuda para las criptomonedas que dependen de tecnologías mineras más eficientes energéticamente. Incentivar la adopción de hardware energéticamente eficiente y métodos de validación alternativos, como el modelo de prueba de estado adoptado por Ethereum, podría servir para reducir el impacto climático general del sector criptográfico.

Más concretamente, promulgar un impuesto a las criptomonedas se alinearía con los principios más amplios de justicia fiscal: las industrias que contribuyen desproporcionadamente a la contaminación deberían soportar los costos de sus acciones. La criptominería consume más electricidad que muchos países, pero sus beneficios redundan únicamente en el minero y las partes de la transacción. Actualmente, la industria minera ejemplifica un sector poco regulado con importantes externalidades.

Estados Unidos también podría fortalecer su posición en las negociaciones climáticas globales. Demostrar liderazgo en industrias de vanguardia como las criptomonedas subrayaría el compromiso de Estados Unidos de combatir el cambio climático y podría alentar a otros actores a adoptar medidas similares para generar ingresos.

Estados Unidos se encuentra en una encrucijada. Con el valor de Bitcoin en alza y la probabilidad de que la minería se expanda para satisfacer la demanda, la necesidad de actuar nunca ha sido más apremiante. Un impuesto a las criptomonedas no es solo una necesidad ambiental, es una oportunidad para liderar la lucha por crear un futuro más sostenible.

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