Chile es otro de los países latinoamericanos que avanzó en una ley para regular su sector de empresas de tecnología financiera, comúnmente conocidas como fintechs. El proyecto incluye tanto a empresas de servicios financieros no tradicionales, como aplicaciones y neobancos, pero también a los jugadores del mundo de las criptomonedas. Específicamente, la ley busca incluir en su ámbito de aplicación a la fiscalización de los exchanges, busca definir el estatus legal de los criptoactivos similar a la de una “representación digital de unidades de intercambio de dinero, bienes o servicios” y también asigna a la Comisión del Mercado Financiero la supervisión de los exchanges y a los proveedores de custodia de criptodivisas.
La ley tiene reminiscencias a lo propuesto por la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) publicada en febrero del 2021, que ya establecía ciertos límites a las tecnologías base del sector fintech, como las plataformas de financiamiento colectivo o la custodia de instrumentos financieros. Ese primer acercamiento a una reglamentación, además, creaba un Sistema de Finanzas Abiertas (más conocido como Open Banking) para facilitar el intercambio de información de clientes entre distintos prestadores de servicios financieros o relacionados. De hecho, la CMF tendrá un lugar de vigilancia y jurisdicción sobre las fintech.
En efecto, la Ley Fintech establece que las fintech deben dar información a los clientes financieros y al público general como así también al gobierno corporativo y de gestión de riesgos. Finalmente, para poder operar, las Fintech deberán contar con la autorización de la CMF y estar inscritas en los registros correspondientes. En el mismo sentido, las compañías fintech deberán acogerse a un sistema de open banking a través de interfaces de acceso remoto y automatizado que estará pensado para que interactúen con instituciones proveedoras de información como los bancos y corredores de bolsa, las instituciones proveedoras de servicios basados en información, y las proveedoras de servicios de iniciación de pagos.
La nueva ley fue aprobada por 136 votos a favor y el ministro de Hacienda, Mario Marcel destacó que “éste era un proyecto adecuado, que iba en la dirección correcta, que apuntaba a generar mayor competencia en el mercado financiero, a estimular la innovación y regular este sector de la industria que no estaba regulado”.
“Actualmente, las fintech prestan servicios financieros, a través de medios tecnológicos, pero carecen de regulación. Esto representa riesgos e impide a estas instituciones competir correctamente con el sector financiero. Este proyecto se hace cargo de esa realidad y propone un marco que fomenta la competencia, innovación e inclusión financiera, entrega certeza jurídica y dota de mayor seguridad a estos servicios”, mencionó por su parte la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza.
En resumen, la nueva ley busca reforzar tanto los deberes de protección de los datos como a la prevención de lavado de dinero a la vez que intenta reducir la asimetría entre las nuevas empresas fintech y los agentes financieros tradicionales.
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Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
