Estados Unidos continúa interesado en saber cómo le ha ido a Bitcoin en El Salvador. De acuerdo con informes recientes, los senadores estadounidenses Bob Menendez, representante demócrata de Nueva Jersey, junto con Jim Risch, representante republicano de Idaho, están presentando nuevamente un proyecto de ley. Este con el propósito de monitorear y supervisar los avances relacionados con la adopción de Bitcoin (BTC) por parte de El Salvador.
Este proyecto de ley, conocido como la Ley de Rendición de Cuentas para la Criptomoneda en El Salvador, otorgaría al Departamento de Estado la autoridad para generar informes que evalúen el impacto de la adopción de Bitcoin como moneda de curso lawful en distintos aspectos del país.
Estados Unidos quiere saber qué pasa con Bitcoin en el país
Una de las principales preocupaciones de los senadores de Estados Unidos estaría más allá de Bitcoin en El Salvador. En teoría la propuesta “se centra en los posibles efectos en la ciberseguridad, la estabilidad económica y la gobernanza democrática”. Les interesa comprender cómo el uso de criptomonedas como medio de intercambio lawful podría afectar a estos aspectos de la nación centroamericana.
Además, los legisladores buscan evaluar la capacidad de El Salvador para combatir de manera eficaz actividades ilegales. En distinct el lavado de dinero, en el contexto de la adopción de Bitcoin.
El senador Risch resaltó los posibles riesgos asociados con el uso de criptomonedas como moneda de curso authorized. Expresando además su preocupación por el impacto que esto podría tener en la estabilidad económica y financiera. Indicó que esta medida podría potencialmente empoderar a actores malintencionados y debilitar la estabilidad basic del país.
Los senadores aparentan tener un “interés de Estados Unidos en la prosperidad y la transparencia en América Central”. Los senadores consideran fundamental obtener una mayor claridad sobre las implicaciones de la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.
En el pasado, se había presentado previamente este proyecto el año anterior. El mismo resaltaba la importancia de obtener, además de un informe sobre la adopción de Bitcoin, una evaluación del marco regulatorio y la capacidad técnica del país para abordar de manera efectiva la integridad financiera. Así como también los riesgos de ciberseguridad asociados con las transacciones de activos virtuales.
Estados Unidos y el FMI “exigen” mayor transparencia a El Salvador
Asimismo, se esperan informes que determinen si el marco regulatorio en El Salvador cumple con los requisitos establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en relación a las transacciones de activos virtuales. Estos informes también abordarán otros aspectos, como el impacto directo en la estabilidad macroeconómica, las finanzas públicas (incluyendo los impuestos), el estado de derecho y la democracia. Además, se requerirá un program para mitigar los riesgos para el sistema financiero de Estados Unidos.
En la declaración emitida por el personal técnico del Fondo Monetario Internacional al concluir la misión del Artículo IV, se hizo hincapié en la necesidad de abordar los riesgos asociados con Bitcoin. Se mencionó que aunque hasta ahora los riesgos no se han materializado debido al uso limitado de Bitcoin, su adopción como moneda de curso lawful y las nuevas reformas legislativas para promover el uso de criptoactivos, incluyendo los bonos tokenizados (regulados por la Ley de Activos Digitales), podrían impulsar un mayor uso.
En este contexto, persisten los riesgos subyacentes en cuanto a la integridad y estabilidad financiera, la sostenibilidad fiscal y la protección del consumidor. Esta declaración originalmente estaba destinada a ser ampliada en el informe last, pero fue vetada por el gobierno de El Salvador.
Cabe destacar que también Fondo Monetario Internacional ha solicitado una mayor transparencia en las transacciones gubernamentales relacionadas con Bitcoin y en la situación financiera de la billetera estatal Chivo. Desde noviembre del año pasado, no se tiene conocimiento de la cantidad de Bitcoins que el gobierno posee.
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